La zona bananera de Urabá, situada en el noroeste de Colombia, entre el mar Caribe y la frontera con Panamá, se muestra después de un largo periodo de violencia como ejemplo de reconciliación para un país que espera acabar el conflicto armado con las FARC.

Tras años de disputas territoriales que involucraron a las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el terror ha dado paso al retorno de miles de habitantes que huyeron de sus tierras y ahora reconstruyen su tejido social.

En Turbo y Apartadó, dos de los cuatro municipios que integran la denominada zona central del Urabá antioqueño, sus habitantes celebran las negociaciones que desde hace más de tres años se celebran en La Habana y se presentan como ejemplo a seguir en la venidera etapa de posconflicto.

"Hemos aprendido y hoy somos un ejemplo para el mundo, hoy podemos mostrar al mundo que sí se puede perdonar, que sí podemos convivir entre todos y que sí podemos salir adelante y vivir en paz", declaró a Efe el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Alborada de Apartadó, Vicente Becerra.

Relata que Apartadó y otros pueblos de la zona sufrieron "unas etapas muy difíciles de violencia, de zozobra, de incertidumbre" en las que "mucha gente trabajadora le tocó vivir esa zozobra en el día a día cuando los bajaban de los buses" para ser asesinados en medio de las carreteras.

Becerra no quiso ahondar en los hechos ocurridos que, según él, fueron conocidos "a través de los medios". Sin embargo quedan como parte de la triste historia de la región masacres ocurridas entre agosto y septiembre de 1995, que se saldaron con al menos 66 muertos, en su mayoría obreros de fincas bananeras asesinados por paramilitares y guerrilleros de las FARC.

Urabá es una rica región agrícola, principal productor de banano del país, que por su ubicación geográfica, con costas sobre el Atlántico y en la frontera con Panamá, se convirtió en un cruce de caminos muy disputado por grupos armados al margen de la ley para el tráfico de armas, drogas, y últimamente de inmigrantes extranjeros ilegales.

Para la directora de la Corporación Cultural Camaleón, María Victoria Suaza, el "quiebre" de esa época lo marcó "el haber llegado al abismo más profundo de la deshumanización de la guerra".

"Es una historia tan marcada de sangre que ya no era posible seguir", declaró esta activista a Efe, quien consideró que Urabá "hace rato" vive un posconflicto y un modelo de convivencia "a partir de unas bases sólidas del respeto a la diferencia" en una región, que definió como "pluriétnica".

Ya sobre la paz, Pablo Enrique Ramos, un exparamilitar que desde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) apoyó la reparación de una escuela en Turbo financiada por Directv, hizo votos por el fin del conflicto y pidió que se les brinden oportunidades a los que fueron desplazados por la violencia para que puedan regresar.

"Las entidades públicas y privadas debemos jugarnos el todo por el todo para que esas personas tengan una oportunidad para estudiar, tengan una vivienda digna, tengan las condiciones aptas para no repetir los mismos hechos", opinó este joven de 27 años.

María, quien vivió 20 de sus 39 años en las filas de las FARC, está convencida de que la paz es el camino pues, afirma que como dice el adagio, "si no arriesgas un huevo, no tienes un pollo".

Esta mujer dejó las filas de las FARC hace cuatro años y hoy admite que "acá (en la vida civil) es muy diferente" de la vida en la guerrilla.

En los últimos años la región de Urabá ha vivido en relativa paz, sin las masacres que cubrieron de sangre su tierra en los años 80 y 90, pero aún tiene la deuda de solucionar la cuestión de las tierras abandonadas en medio de la violencia, muchas de las cuales, según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), "siguen ocupadas irregularmente".

Otra amenaza la representa la banda criminal Clan Úsuga, también conocida como Los Urabeños, que tiene una fuerte presencia en la zona y es uno de los principales generadores de violencia en el país con sus negocios de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de inmigrantes.

EFE